Farmacity renueva la esperanza de desembarcar en la Provincia de Buenos Aires

La cadena de farmacias recibió un dictamen favorable de la Procuración General de la Nación Argentina que consideró inconstitucional la ley provincial que le prohíbe al grupo operar establecimientos en esa jurisdicción.

La Procuración General de la Nación emitió esta semana un dictamen que favorece la postura de la cadena de farmacias argentinas Farmacity en un conflicto que lleva casi ocho años y que de momento impide al grupo operar establecimientos en la provincia de Buenos Aires.

 

El dictamen de la Procuración –que si bien no es vinculante si se constituye como un elemento de peso a tener en cuenta por la Corte Suprema de Justicia quien ahora deberá expedirse sobre el tema –cuestiona la decisión de la provincia de Buenos Aires de excluir a Farmacity de su territorio con el argumento de resguardar el derecho a la salud por sobre cualquier ánimo de lucro. En el escrito Monti señala:  "La inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley provincial 10.606 aparece indudablemente configurada, pues la provincia demandada al legislar sobre la propiedad o titularidad de los establecimientos farmacéuticos, avanzó indebidamente sobre un tema -la capacidad de las personas- cuya regulación corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación". 

 

Por su parte, fuentes de Farmacity declararon al diario La Nacion que la ley de la provincia "es violatoria de los derechos constitucionales de propiedad, derecho a la igualdad, el derecho de comerciar y a ejercer industria lícita".

 

 

Orígenes del conflicto

 

El conflicto entre Farmacity y la provincia de Buenos Aires comenzó en 2010 –cuando áun estaba presidida por su fundador y CEO, hoy vicejefe de Gabinete y uno de los hombres mas fuertes del Gobierno, Mario Quintana. En ese momento la empresa se vio impedida de abrir una sucursal en Pilar por una acción del Ministerio de Salud bonaerense quien denegó tanto la solicitud genérica para operar dentro del ámbito provincial como la habilitación del local.

 

La provincia se basó en el artículo 14 de la ley provincial 10.606 que, al enumerar las personas que pueden ser autorizadas a instalar farmacias, no incluye a las sociedades anónimas, en pos de contemplar a la actividad como un servicio público.

 

Farmacity decidió judicializar la medida y enfrentó resuveses judiciales, con el rechazo de la demanda por parte de la justicia en lo contencioso administrativo de La Plata, que sostuvo la posición de la provincia contra la empresa, sentencia que luego confirmó la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. 

 

Con este dictamen de la Procuración General se abre una esperanza para la empresa cuyo destino en la provincia queda en manos de los tres jueces de la Corte Suprema que entenderán en el caso, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. 


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